Desafíos ambientales de Ecuador en el 2023: frenar la minería ilegal y más garantías para los defensores ambientales

• Los principales desafíos de Ecuador en materia ambiental son una carrera contrarreloj. Los altos niveles de deforestación que registra el país son un tema que urge ser atendido por el gobierno, sobre todo considerando que las guardias indígenas se han visto obligadas a suplir las funciones de control ante la ausencia del Estado.
• La deforestación, la minería ilegal y la persecución judicial en contra de defensores de la naturaleza aumentaron durante el 2022. Del discurso oficial de transición ecológica a la realidad todavía hay mucha distancia y los expertos creen que se debe cerrar esa brecha en el 2023.
• El aparato estatal se enfrenta a la necesidad de combinar esfuerzos y diseñar políticas interinstitucionales y regionales que atiendan las necesidades económicas de la población más empobrecida, sin atentar contra sus ecosistemas.

La Amazonía ecuatoriana representa el 42 % del territorio nacional. El petróleo y los minerales, así como la energía hidroeléctrica, son recursos que alimentan gran parte de las arcas fiscales y provienen, en su mayoría, de esa región. Solo en 2021, la exportación de petróleo crudo y sus derivados, la venta de energía eléctrica y las regalías mineras representaron ingresos por 9694 millones de dólares para el Estado, de acuerdo con un reporte del portal Bloomberg. Sin embargo, cinco de las seis provincias amazónicas figuran entre las más pobres del país.

De enero a septiembre de 2022 se exportaron minerales por 2119 millones de dólares, según datos de la Cámara de Minería del Ecuador, lo que representa un crecimiento del 48 % en comparación con el mismo período del 2021, cuando se alcanzó 1430 millones. Pero existe una amplia zona gris que no se reporta al Estado. Los focos de minería ilegal se multiplican sin control y algunas concesiones que han sido suspendidas por las autoridades, debido a incumplimientos, continúan operando en absoluta impunidad.

Al mismo tiempo, la criminalización de personas defensoras de la naturaleza se incrementó durante el último año y el Estado no ha diseñado medidas para revertir esta realidad. Según Yuly Tenorio, coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano para vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos y la Naturaleza, durante el 2022 se registraron 170 nuevos casos de personas víctimas de persecución judicial por defender sus territorios de las operaciones mineras. Estos casos se registraron en las parroquias de Pacto, Cahuasquí, La Merced de Buenos Aires, Molleturo y Gualel, todas ellos lugares donde se han denunciado impactos ambientales de la minería.

Otro de los mayores desafíos que Ecuador no logró superar en el 2022 tiene que ver con el escaso presupuesto destinado para el sector ambiental. Por un lado, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica funciona con cerca de 55 millones de dólares y cuenta con algo más de 2000 servidores para cubrir todo el territorio. Por otro lado, los recursos obtenidos por las actividades extractivas no regresan a las comunidades que son afectadas por esas actividades.

Si bien la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, vigente desde 2018, obliga al Estado a destinar un porcentaje de los ingresos de las actividades extractivas a los gobiernos locales de los territorios desde donde se extraen esos recursos, una serie de vacíos legales ha impedido que estas asignaciones lleguen a tiempo y en las proporciones justas. Esos vacíos entorpecen la fiscalización y la transparencia.

Tomando en cuenta ese contexto, estos son algunos de los principales desafíos ambientales de Ecuador para el 2023.

1. Detener la expansión de la minería en medio de la impunidad

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) envió un reporte a Mongabay Latam y La Barra Espaciadora en el que incluyó lo que considera los 15 “hitos de gestión ambiental e hídrica” alcanzados por el país durante la administración de Guillermo Lasso. Entre esos hitos consta la suspensión de 146 concesiones mineras que “han incumplido temas ambientales y 1391 sanciones por delitos ambientales”. Pero estos mecanismos de control estatales no son suficientes, si al final muchas de las suspensiones quedan en solo anuncios.

En la comunidad de Shiguacocha, en la provincia de Napo, maquinaria pesada de la empresa china Terraearth Resources continuaba operando dos meses después de que el 6 de septiembre fuera suspendida una concesión minera por incumplimientos ambientales. Entre marzo de 2017 y marzo de 2022, se deforestaron 281 hectáreas en esta zona.

En esa misma provincia, también en noviembre, la Policía Nacional y la Fiscalía General realizaron el operativo Manatí 2 y detuvieron a seis personas involucradas en la minería ilegal. Una de ellas era un exfuncionario de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales. Nueve meses antes se había realizado el operativo Manatí 1 en esa misma zona, como lo reportaron La Barra Espaciadora y Mongabay Latam. Ninguna de las dos acciones ha logrado detener por completo esta actividad ilícita.

Al cierre de este reporte, el área de explotación minera se había extendido sin que ninguna autoridad lo impidiera. En un sobrevuelo realizado la primera semana de diciembre por miembros de las comunidades afectadas, el representante de la Defensoría del Pueblo de Napo y miembros del colectivo antiminero Napo Resiste identificaron al menos 12 frentes mineros ilegales entre la parroquia Carlos Julio Arosemena y la ciudad de Tena. Muchos de ellos habrían sido abiertos en apenas dos meses previos.

En los últimos 37 años, la actividad minera en toda la Amazonía se expandió un 1107 %, pasando de 47 mil hectáreas en 1985 a más de 570 mil hasta 2021, de acuerdo con un informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) y la iniciativa MapBiomas. “En 2021 superamos las 7000 hectáreas —dice María Olga Borja, coordinadora técnica de MapBiomas Ecuador para EcoCiencia—; en el 2022 no tenemos todavía datos para decir cuánto ocupa la minería, pero al ritmo que está creciendo, vamos a tener unas áreas muchísimo más grandes”. Borja explica que esas 7000 hectáreas no representan mucho si se toma en cuenta tan solo la superficie, pero los impactos son graves en las fuentes de agua, en los suelos y en las comunidades. “Reducirlo a una extensión no nos da una buena idea”.

Al terminar 2022, la expansión minera, legal e ilegal, estuvo presente en al menos nueve provincias ecuatorianas. Tarsicio Granizo, director de la WWF en Ecuador, asegura que la minería ilegal “es un problema de seguridad del Estado vinculado al narcotráfico y a otros delitos”.

Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama, reconoce que la ausencia del Estado y sus instituciones en las zonas donde la minería opera es una de las razones para que la ilegalidad se haya proliferado durante el 2022. “La presencia estatal es importante [para garantizar] el acceso a la protección de los derechos indígenas, de los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza”, asegura Paez. Y añadió que en Ecuador toda minería es ilegal, incluso aquella que opera con licencias ambientales bajo el membrete de la formalidad, pues ninguna concesión cuenta con consulta previa, libre e informada debido a la falta de reglamentación en la ley, otro de los retos urgentes que enfrenta Ecuador desde hace varios años y que hasta ahora sigue pendiente.

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2. Reforzar controles y sanciones para proteger a las especies marinas

Ecuador prohíbe la pesca deliberada de tiburones desde abril de 2020, bajo el amparo de la nueva Ley de Pesca, que sanciona la pesca ilegal con multas de hasta 700 000 dólares. Pero esa ley no regula la cuota de “capturas incidentales” ni contiene la presión ejercida por barcos industriales.

El 14 de enero de 2022, el presidente Lasso anunció la expansión de la reserva marina alrededor de las islas Galápagos en un acto al cual asistieron Iván Duque, entonces presidente de Colombia; Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, y otras celebridades. La decisión gubernamental añadió 60 000 kilómetros cuadrados a los 138 000 que ya poseía la Reserva Marina de Galápagos, con el propósito de proteger las especies que habitan o transitan por el archipiélago. Sin embargo, no se han implementado medidas de control eficaces para la industria pesquera ni para la pesca artesanal, que se sirven de las especies que migran por otras zonas del océano Pacífico.

Un reportaje del diario La República, de Perú, publicado en noviembre de 2022, alertó sobre el creciente contrabando de aletas de tiburones que son capturados en las costas ecuatorianas, y que llegan a Perú sin ser declaradas ante las autoridades, tal como ya lo había reportado Mongabay Latam al inicio de ese año. Este fenómeno estaría perjudicando la economía de miles de pescadores artesanales peruanos.

Durante la 19° Conferencia de las Partes (COP19) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), realizada en noviembre en Ciudad de Panamá, 40 países, entre ellos Ecuador, incluyeron cientos de especies animales y vegetales en la lista de atención prioritaria para regular su comercio en el mundo. Todas las especies de tiburón de la familia Carcharhinidae y los tiburones martillo fueron añadidos al Apéndice II de la CITES, que incluye a especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle su comercio, y a especies muy semejantes a aquellas que sí están en peligro de extinción. Ecuador no cuenta con políticas de vigilancia y sanciones claras para proteger efectivamente a especies marinas en riesgo, en especial, a los tiburones.

Adrián Reuter, asesor principal de tráfico de especies para Latinoamérica y el Caribe de la organización Wildlife Conservation Society (WCS), le dijo a Mongabay Latam que cada país hace una “interpretación” de los convenios internacionales y marcos regulatorios como el de la CITES. “Habría que revisar muy bien cómo se está manejando el recurso, hasta qué punto el manejo está dentro de los marcos regulatorios nacionales, qué se está cumpliendo y qué sería necesario revisar y corregir para que se cumpla”, comenta.

3. Controlar la expansión de la frontera agropecuaria y las actividades extractivas 

“Hay abandono en zonas de frontera donde no hay ley ni dios”, dijo Rossana Manosalvas, presidenta de EcoCiencia, en una rueda de prensa ofrecida el 1° de diciembre, luego de la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27). La científica se refería a la ausencia estatal en las zonas amenazadas por la pérdida de bosques en Ecuador.

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) y la iniciativa MapBiomas presentaron recientemente la Colección 4.0 de MapBiomas Amazonía, que revela que la Amazonía perdió 9,7 % de su vegetación natural en 37 años y que durante ese tiempo, los glaciares de los Andes amazónicos perdieron el 46 % de hielo. “Si continúa la tendencia actual verificada por MapBiomas Amazonía, el bioma, que es un sumidero de carbono de importancia planetaria, alcanzará el punto de no retorno, afectando de manera irreversible sus servicios ecosistémicos, y podría convertirse en una sabana”, dice el documento.

EcoCiencia, que monitorea la deforestación en Ecuador, ha demostrado que las zonas de minería legal e ilegal y donde se han abierto caminos para la extracción de petróleo, minerales o madera son algunas de las más deforestadas. Los controles estatales no son suficientes y por eso, la sociedad civil y los pueblos indígenas han suplantado en muchos casos la función de vigilancia que deberían cumplir las instituciones.

“Somos vigilantes —asegura Lola Piaguaje, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae)—; nosotros, a través de nuestra resistencia, hemos sacado [a mineros ilegales]; es esfuerzo de nosotros; hemos detenido algunas maquinarias pero nuevamente están entrando y, ante eso, como tenemos monitores, vamos a sacarlos nuevamente”, advierte.

La agroindustria es otro de los agentes de presión sobre los bosques. El informe La Amazonía saqueada, que publicaron InSight Crime y el Instituto Igarapé, en noviembre de 2022, reveló que en Ecuador se deforestaron 902 000 hectáreas de árboles, sobre todo en las provincias amazónicas de Pastaza, Napo, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. De acuerdo con el informe, se ha deforestado alrededor del 15 % de la Amazonía ecuatoriana y la agricultura es una de las responsables de esa pérdida de bosque.

A finales de agosto, un grupo de monitores de la nacionalidad Waorani hizo los primeros recorridos en su territorio para evitar la invasión de madereros, mineros y otras personas ajenas a la comunidad. El grupo —llamado Kenguiwe, que se conformó gracias al apoyo de EcoCiencia— levantó diez reportes de gente foránea aprovechándose de los árboles de su territorio de manera ilegal en apenas dos meses.

Wilson Vega, coordinador del proyecto Terramaz, en la Franja de Diversidad y Vida del Parque Nacional Yasuní, asegura que,entre las amenazas detectadas en la zona está la expansión de las plantaciones de palma aceitera. “Aquí en Coca, es uno de los sectores donde más rápidamente ha crecido, aunque todavía no existen cultivos en la Franja, están próximos”.

Tarsicio Granizo señala que “hacen falta planes de ordenamiento territorial que definan dónde hacer agricultura y ganadería, planes que no deberían durar cuatro años, sino un horizonte más amplio”. También insiste en que el fomento a la agricultura y a la ganadería debe concentrarse en áreas que ya están deforestadas y no en zonas boscosas en las que la agricultura familiar para consumo local se vea amenazada.

El informe La Amazonía saqueada se detiene en un aspecto. Aunque los principales motores de deforestación varían de un país a otro, hay uno que es común en toda la región: la minería ilegal de oro. “Los bosques amazónicos se han convertido en un territorio idóneo para que operen redes criminales, autoridades, funcionarios y empresarios corruptos. Con la ausencia de instituciones, delitos como el tráfico de madera, la minería ilegal y el tráfico de especies silvestres son sus fuentes de financiamiento”.

Lola Piaguaje, de la Confeniae, alerta sobre la contaminación petrolera en la Amazonía norte, que no ha sido remediada desde hace más de 40 años. Asegura que en esa zona se registran altos índices de cáncer, hay piscinas de desechos petroleros en zonas pobladas, decenas de mecheros de quema de gas y ríos que se han vuelto tóxicos. “Hay mucha contaminación pero no hay remediación ambiental. Todos los ríos, suelos, subsuelos están contaminados, todo lo que nosotros consumimos está contaminado. Con esa experiencia, no queremos que [la industria petrolera] se expanda hacia el centro [de la Amazonía]; como pueblos y nacionalidades nosotros vamos a mantenernos en resistencia ante las petroleras, mineras, madereras…”, añade.

Rossana Manosalvas, bióloga, educadora ambiental y profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), trabaja con varias nacionalidades amazónicas en programas de monitoreo. “Ellos son los que están haciendo este control sobre su territorio”, aclara.

Ecuador se enfrenta al desafío de diseñar acciones conjuntas y políticas públicas de defensa que incorporen a los pueblos y nacionalidades que habitan los territorios, en lugar de criminalizarlos. “Hay necesidad de una política mucho más clara en defensa del Ecuador y de su gente”, añade Manosalvas.

4. Ecuador debe dejar de ser zona de riesgo para personas defensoras

Ecuador es signatario del Acuerdo de Escazú y, como tal, está obligado a proteger y garantizar los derechos de personas defensoras. Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo está en entredicho.

En la madrugada del 22 de octubre, la activista ambiental Alba Bermeo Puin fue asesinada. Según la Alianza de Derechos Humanos, comuneros de Cochapamba y del cantón Ponce Enríquez, localidades cercanas a la concesión de la empresa ecuatoriana Ecuagoldmining South America S.A., llegaron a las instalaciones de la minera “con el objeto de sacar de allí material aurífero”. Aunque no se conoce el avance de la investigación, después de que el proyecto minero fuera suspendido en 2018, la minería ilegal aumentó en la zona.  Solo en octubre de 2022 se registraron cuatro ataques armados contra mujeres defensoras de derechos ambientales y uno contra dos menores de edad en Molleturo, una parroquia de Cuenca, en el sur del país. El caso de Bermeo es uno de ellos.

El Observatorio Nacional Ciudadano para vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza levantó un registro en el que constan 170 personas defensoras que han sido criminalizadas por luchar contra la minería en sus territorios, solo durante el segundo semestre de 2022. La abogada Yuly Tenorio, coordinadora del Observatorio, reitera que se trata de casos nuevos que se suscitaron luego de que la Asamblea Nacional del Ecuador concediera 268 amnistías a líderes criminalizados, el 10 de marzo pasado.

“Durante estos ocho meses se han intensificado los procesos de criminalización en contra de las personas defensoras, y ya es un proceso bastante violento y sistemático”, dice Tenorio, y destaca el caso de la parroquia Cahuasqui, donde se encuentran 60 de esas 170 personas. “Son procesos sistemáticos, direccionados, para desmovilizar la labor de la defensa y la labor de los defensores que están en las comunidades”, añade.

Por su parte, las organizaciones que hacen parte de la Alianza de Derechos Humanos denunciaron que el Estado “omite su obligación de garantizar un entorno seguro para la labor de personas defensoras y además, mediante un uso abusivo e injustificado del derecho penal, criminaliza su labor”.

En agosto de 2022, Lina María Espinosa, defensora de Derechos Humanos y miembro de la organización Amazon Frontlines, fue amenazada de muerte. “La constante es la omisión del Estado en términos de investigar los hechos, así como brindar protección a mi labor como defensora y como persona”, reclama. Espinosa asegura que no existen garantías para que los defensores hagan su trabajo en Ecuador ni políticas públicas adecuadas ni recursos suficientes en entidades como la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo. “El Estado, en lugar de vernos como actores fundamentales para una sociedad democrática, nos entiende como enemigos de su labor y, por ende, no nos protege sino que nos criminaliza, nos estigmatiza y nos persigue”, asegura.

La Alianza de Derechos Humanos publicó el Informe de Situación de Derechos Humanos, el 9 de diciembre de 2022, y nuevamente aseguró que la labor de las personas defensoras en el país no está garantizada por el Estado. “No existe una política pública integral para la protección de personas defensoras. En muchos casos, los propios agentes son quienes estigmatizan, amenazan, agreden y criminalizan a personas defensoras. En otros casos, omiten cumplir con sus obligaciones de protección reforzada para con ellas”, dice el documento que evalúa el primer año del gobierno del presidente Guillermo Lasso y los hechos ocurridos durante los 18 días del paro nacional de junio. La Alianza ha entregado información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos comisionados siguen de cerca el tratamiento que Ecuador da a las personas defensoras de los Derechos Humanos y de la naturaleza. Este es uno de los retos más urgentes para el país.

5. Combatir la precariedad financiera para apostar a la transición ecológica

El presupuesto para la gestión ambiental en Ecuador es escaso. Reducciones de partidas presupuestarias, de personal técnico y de equipamiento afectan el funcionamiento del Maate desde hace varios años. “Se debería exigir más recursos y orientar los recursos de la cooperación [internacional] hacia necesidades más grandes del Ministerio —dice Tarsicio Granizo, quien fue ministro de Ambiente entre 2017 y 2018—. La necesidad más grande es recuperar personal”, asegura.

En septiembre de 2020, el gobierno de Lenín Moreno dispuso la reducción de personal en varias entidades públicas. En el Maate, 398 personas fueron despedidas. Tres años después, sus labores no han sido cubiertas por nuevo personal. Al 30 de noviembre de 2022, el ministerio cuenta con 2208 servidores a escala nacional y cerró el año con un presupuesto de poco más de 54,5 millones de dólares, apenas ocho millones más que en 2021. Para Granizo, atender las necesidades del sector requiere de nuevos recursos y de funcionarios “para que la autoridad ambiental sea la que controla la actividad. Para eso se necesitan vehículos y equipamiento para la gente de campo”.

Mientras el presupuesto interno es precario, la cooperación internacional constituye un salvavidas. Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama, miembro del directorio del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) —una entidad privada creada para gestionar y ejecutar fondos públicos y privados en proyectos ambientales— y parte de las delegaciones de observadores en la COP27, aseguró que “el desafío para Ecuador es implementar políticas públicas y normas; hay un marco normativo que nos permite monitorear si estamos cumpliendo las metas (…) y esto, a nivel institucional, necesita financiamiento”.

Durante la COP27 de cambio climático, que tuvo lugar entre el 6 y el 18 de noviembre, en Sharm el-Sheij, Egipto, se anunció la asignación de 105,6 millones de dólares destinados a capitalizar el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que deberá financiar a los países más vulnerables al cambio climático. La proyección de Ecuador “es la reducción de la deforestación como política nacional”, asegura Páez, y añade que ese reto implica hallar mecanismos de financiamiento e instrumentos de gobierno abierto, plataformas de uso público que transparenten el gasto. Tanto Páez como el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, abogan por sumar al Ecuador a la inversión de mercados voluntarios de carbono, aunque otros sectores conservacionistas en la región cuestionan este camino.

Lola Piaguaje, de la Confeniae, va más allá. Para la dirigente indígena es necesario “canalizar los recursos directamente a los pueblos y nacionalidades y eliminar procesos burocráticos innecesarios”. Lo que se necesita es “que los mecanismos financieros puedan apalancar recursos a través de aportes de los actores locales, como los gobiernos locales”, acota Javier Toro, representante de la organización Naturaleza y Cultura Internacional.

Mientras tanto, Lina María Espinosa se muestra pesimista. “El Maate es, más que un ministerio de transición, un ministerio de transacción ecológica”, dice. Para ella, lo que se impone son “intereses extractivos del Estado y el Maate se vuelve un tramitador de licencias y permisos para hacerle fácil la vida a las operadoras”.

Tanto Páez como Piaguaje y Toro coinciden en que el desafío de Ecuador es sumar recursos públicos, fondos de la cooperación internacional y del sector privado para fomentar nuevas formas de bioeconomía. “Tenemos que salir de la economía de minería a escala abierta —dijo Páez—, Ecuador tiene un futuro promisorio y puede convertirse en un nuevo modelo, en un laboratorio en donde se pueden pilotear estos modelos de transición ecológica”.