Minería ilegal se extiende en territorio ecuatoriano

Diversos estudios y operativos del gobierno demuestran que la minería ilegal va ganando terreno en Ecuador, sobre todo en la región amazónica.

En los afluentes del río Punino, ubicado entre las provincias amazónicas de Napo y Orellana, la explotación minera informal se disparó 578% el año pasado, de acuerdo con un estudio publicado por Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP).

En los últimos tres años, la deforestación causada por la minería ilegal en el área llega a 217ha, según un estudio realizado por Amazon Conservation, organización sin fines de lucro con sede en Washington, y la entidad ecuatoriana Ecociencia con apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad)

«En los últimos años, sobre todo desde la pandemia del COVID-19, hay un incremento acelerado de la minería ilegal”, dijo a BNamericas Jorge Villa, especialista en sistemas de información geográfica y sensores remotos de Ecociencia. “En el caso de la Amazonia norte y centro, en la zona de Napo, Orellana y Punino, hemos visto sobre todo como la minería aluvial de oro se ha incrementado a un nivel bastante fuerte”.

Empleando imágenes satelitales, las organizaciones denunciaron el mes pasado que entre agosto de 2019 y octubre 2022 alrededor de 25ha fueron afectadas por tala de árboles y evacuación de sedimentos a causa de la minería ilegal de oro en el parque nacional Podocarpus, área protegida de la región suroriental.

Colectivos ambientalistas de Napo denunciaron también el mes pasado la presencia de 60 retroexcavadoras en las orillas del río Jatunyacu, frente a la localidad de Yutzupino, donde el gobierno había desalojado a 700 mineros ilegales en febrero del año pasado.

Datos del gobierno de Guillermo Lasso dan cuenta de que los mayores problemas por la minería informal se concentran en las provincias amazónicas de Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Sucumbíos; en las provincias costeras de Esmeraldas y El Oro; y en las provincias sureñas de Loja y Azuay.

En enero el gobierno declaró la minería ilegal una amenaza para la seguridad nacional y aseguró que respaldará plenamente las concesiones mineras legalmente establecidas. La decisión se adoptó luego de identificar que dicha actividad tiene vínculos directos con otros delitos como lavado de activos, narcotráfico y tráfico de armas, según el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez.

La minería ilegal ha sido un problema en Ecuador durante años, pero en el último tiempo ha encendido las alarmas, dijo a BNamericas el exviceministro de Minería, Fernando Benalcázar.

Falta de institucionalidad en temas como supervision y corrupción han creado un «caldo de cultivo perfecto» para que prospere la minería ilegal, puntualizó.

En 2019, un operativo en el que participaron más de 2.500 militares y policías desalojó a unos 10.000 mineros ilegales que se tomaron la montaña La Joroba, en el norte del país.

Sin embargo, anota Benalcázar, hasta el momento ningún minero ha recibido sentencia.